Democracia y cristianismo

Tal vez el tema que me he propuesto para este post sea inabarcable. Se ha escrito - y dicho - mucho respecto a este tema, y estoy muy pero muy lejos de poder dar una visión suficientemente profunda y seria de él. Pero qué más da, hay cosas que no se pueden dejar pasar; menos estudiando en nuestra Facultad y, por lo tanto, teniendo que convivir a diario con distintas formas de concebir las vinculaciones entre política y religión, muchas de las cuales están absolutamente reñidas con el Estado democrático de Derecho.

Lo anterior nos pone en la necesidad de preguntarnos: ¿son compatibles la religión católica y el sistema democrático? ¿Tendrán razón quienes sostienen que para el catolicismo la democracia es, en el mejor de los casos, un mal menor? ¿Es compatible la noción de verdad revelada con la deliberación democrática? En fin, podría seguir eternamente con preguntas de este tipo que creo, por lo demás, son falsas oposiciones. En mi opinión, el cristianismo no sólo es compatible con el sistema democrático, sino que tiene - igual que todas las religiones existentes en determinada sociedad - un lugar específico en el mismo, desde el cual bien puede - a través de sus fieles que participan en la discusión pública - influir y colaborar en el proceso de deliberación política.

Para contestar esto, me baso en dos usos de la razón práctica señalados por Habermas1. Se trata de los usos ético y moral; el primero, es el uso que busca el logro de una vida buena, la cual estará influida por convicciones subjetivas, apoyadas en la cultura o en una tradición determinada. El segundo, el uso moral, es aquel que se refiere al fundamento y aplicación de los deberes y derechos de los miembros de la comunidad. Vale decir, el nivel moral es el propio del entendimiento social sobre las normas que rigen nuestras relaciones recíprocas como miembros de la sociedad.

El mensaje cristiano se sitúa, así, en el primer nivel de uso de la razón práctica: el ético. Efectivamente, la tradición y el Magisterio de la Iglesia bien pueden ser una guía de comportamiento para los ciudadanos e incluso para parte relevante de ellos, como sucede en nuestro país.

Aún más, las ideas - varias originalmente cristianas - de que todos los hombres son igualmente dignos, de la necesidad de estructuras socialmente justas y del amor al prójimo, pueden ser un importante aporte a la consolidación de una verdadera democracia, donde exista el diálogo cooperativo y el ideal de la ciudadanía realmente se cumpla.

En el nivel moral, sin embargo, ninguna persona - ni tampoco la Iglesia - puede pretender que su visión acerca de la vida buena se haga valer coactivamente por sustentarse en una verdad revelada (que se considera absoluta). Lo que puede hacer, es - desde su tradición y su cosmovisión - aportar con argumentos y participar en la deliberación democrática, como cualquier otra persona. Es más, en la medida en que los fieles cristianos sean consecuentes con el contenido y las prescripciones de su fe, podrán influir y hacerse parte activa del proceso democrático, logrando incluso que sus convicciones sean convincentes para los demás y se reflejen en el proyecto político democrático. Pero mal podrían, como pretenden algunos, sostener que sus propias concepciones del bien deben hacerse valer coactivamente por poseer un nivel de veracidad o legitimidad superiores al sistema político concreto, saltándose la deliberación democrática en términos seculares.

En fin, la Iglesia Católica bien puede hacerse parte del debate público. También pueden hacerlo el judaísmo, el Islam, las Iglesias protestantes, etc. Pero no pueden pretender someter sus argumentos acerca de la vida en común, a criterios de corrección distintos de los que rigen para los demás ciudadanos. Atrás quedó la época en que verdad, bien y justicia eran conceptos trascendentales dados por la autoridad eclesiástica. Atrás quedó la época en que Iglesia y Estado estaban unidos. Gracias a Dios.

1 Señalados por SCHERZ, Tomás, en "La voz ética de la Iglesia en democracia", Revista Mensaje, Septiembre 2007. En lo sucesivo, sin embargo, me aparto de lo señalado por este autor.

Objeción de conciencia: un pésimo argumento

A propósito de la aplicación de multas a las farmacias por no tener la píldora del día después, los "dueños" de éstas y distintas personas (como Patricio Walker) han dicho que tal multa es inadmisible, pues las farmacias (o sus dueños) se niegan a vender el fármaco alegando una objeción de conciencia.

Me parece que el argumento es prácticamente impresentable. Primero, porque la conciencia es un juicio del entendimiento y también un hábito del mismo. Claro está que las empresas no tienen razón ni hábitos, por lo que mal podrían tener conciencia.

Pero yendo al fondo del asunto, parece que en realidad los "dueños" de las farmacias están alegando su propio derecho a la objeción de conciencia en cuanto personas naturales. Pero no podemos olvidar que el ser "dueño" de una Sociedad Anónima no significa que las decisiones que se toman en cuanto persona natural afecten la actividad de la misma. Por esto, es que los directores de una S.A responden ante la sociedad en cuanto tal, y velan por el interés de esta y no por el interés de los accionistas mayoritarios. Olvidan también estos señores que en nuestro sistema jurídico las acciones de S.A. son títulos mobiliarios que se ceden por la anotación en el Registro de Accionistas, de tal manera que la "propiedad sobre la sociedad" (expresión impropia, pero útil para estos efectos) se diluye en distintas personas que no se encuentran vinculadas a la administración de la sociedad más que por su participación en la Junta de Accionistas.

Se produce en definitiva un problema de imputación: ¿Quién es realmente el dueño de la farmacia? ¿El controlador? ¿Dónde queda la separación de patrimonios e incluso la ficción de personalidad de la sociedad si el credo o el pensamiento del accionista mayoritario incide en la conducción ordinaria de la sociedad?

Que quede claro, eso sí, que mi postura no es en favor de que la píldora sea vendida en las farmacias. Pero creo que el argumento de la objeción de conciencia es vergonzoso, más todavía si quienes en Chile alegan que la venta de la píldora violenta su conciencia, la venden sin problema alguno en Perú. ¿Será que ser conservador en Perú no es tan buen negocio?

Benedicto XVI fue claro: ningún farmacéutico está obligado a suministrar a su paciente medicamentos que se opongan a sus concepciones morales. Pero léase bien: farmacéuticos, no dueños de farmacias.

Si creemos que la píldora es atentatoria contra la vida, si creemos que es potencialmente inconstitucional e ilegal porque puede llegar a ser abortiva, vayamos a los tribunales y demos la pelea ahí. Pero no recurramos a medios excepcionales de resistencia civil, que permiten a la persona ponerse por sobre el imperativo de cumplir la ley en casos especialísimos y cuando no hay otro medio posible.

Por el contrario, si el Gobierno cree que es una política de salud pública necesaria que la píldora esté disponible en todas las farmacias, que no la incluya por medio de un decreto en un listado de remedios, evitando la deliberación democrática al respecto.

Estudiantes Democráticos y desalojo del gremialismo

Creo que a propósito de lo que han planteado los autodenominados "Estudiantes Democráticos" en nuestra Facultad acerca de la enseñanza de filosofía del derecho, derecho constitucional y economía en ella, este artículo de Fernando Muñoz resulta particularmente decidor.

Desalojo del gremialismo UC

Las Elecciones del CADe

El periodo electoral para el Centro de Alumnos fue muy movido y también molesto para muchas personas. Y esa molestia, muchas veces, es justificada. Los patios se llenan de afiches, todos iguales, que en vez de enfatizar ideas, muestran caras. Nuestros auxiliares son los que sufren el despilfarro. Además, los candidatos nos ponemos invasivos, le hablamos a gente con el sólo motivo de convencer o, aún peor, ganar votos, e incluso olvidamos el verdadero fin de toda esta actividad. Ojalá en los próximos años tomemos conciencia de los excesos absurdos en que se cae y tengamos campañas austeras y centradas en las ideas.

Pero las campañas electorales también tienen aspectos positivos. Así, es un punto de inflexión en la vida en la universidad de muchos de nosotros, en el que nos encontramos con gente que comparte nuestras inquietudes y que se sienten movidos por una voluntad firme de cambiar esta Facultad.

Las elecciones son también un momento en que la discusión sobre el rumbo que toma nuestra escuela de Derecho se vuelve más importante que nunca, y una instancia en la que muchos se sienten llamados a hacer algo al respecto. Eso es lo que pasó con nuestro proyecto. Mucha gente que ni siquiera nos conocía se sintió llamada a participar y se entusiasmó con nuestras ideas, con nuestra rabia frente al conformismo y la indiferencia, con nuestras ganas de que esta Facultad deje de ser tan monolítica y homogénea. También pudimos poner en duda y discutir las opiniones de quienes, escudados en caretas ideológicas ajenas a nuestro ámbito, impiden que se discutan los problemas de fondo de esta Facultad. O peor aún, esos que sin siquiera entender lo que proponíamos, lo criticaban a diestra y siniestra (por ejemplo, el concurso público de profesores).

Pero lo más importante, es que en las elecciones descubrimos que más de un tercio de esta Facultad no está conforme con lo que se ha hecho, cree que las cosas pueden ser mucho mejores y considera que la observación pasiva de las decisiones de las autoridades y la organización de asados no son el camino a seguir.

Gracias a ese 35% que se la jugó por nuestro proyecto y dijo “no queremos una Facultad conformista; no queremos una Facultad que defienda nominalmente principios sin ponerlos en práctica; lo que queremos es una Escuela que hagamos entre todos, que esté al servicio de la justicia y que crea en el pluralismo".