A propósito de la aplicación de multas a las farmacias por no tener la píldora del día después, los "dueños" de éstas y distintas personas (como Patricio Walker) han dicho que tal multa es inadmisible, pues las farmacias (o sus dueños) se niegan a vender el fármaco alegando una objeción de conciencia.
Me parece que el argumento es prácticamente impresentable. Primero, porque la conciencia es un juicio del entendimiento y también un hábito del mismo. Claro está que las empresas no tienen razón ni hábitos, por lo que mal podrían tener conciencia.
Pero yendo al fondo del asunto, parece que en realidad los "dueños" de las farmacias están alegando su propio derecho a la objeción de conciencia en cuanto personas naturales. Pero no podemos olvidar que el ser "dueño" de una Sociedad Anónima no significa que las decisiones que se toman en cuanto persona natural afecten la actividad de la misma. Por esto, es que los directores de una S.A responden ante la sociedad en cuanto tal, y velan por el interés de esta y no por el interés de los accionistas mayoritarios. Olvidan también estos señores que en nuestro sistema jurídico las acciones de S.A. son títulos mobiliarios que se ceden por la anotación en el Registro de Accionistas, de tal manera que la "propiedad sobre la sociedad" (expresión impropia, pero útil para estos efectos) se diluye en distintas personas que no se encuentran vinculadas a la administración de la sociedad más que por su participación en la Junta de Accionistas.
Se produce en definitiva un problema de imputación: ¿Quién es realmente el dueño de la farmacia? ¿El controlador? ¿Dónde queda la separación de patrimonios e incluso la ficción de personalidad de la sociedad si el credo o el pensamiento del accionista mayoritario incide en la conducción ordinaria de la sociedad?
Que quede claro, eso sí, que mi postura no es en favor de que la píldora sea vendida en las farmacias. Pero creo que el argumento de la objeción de conciencia es vergonzoso, más todavía si quienes en Chile alegan que la venta de la píldora violenta su conciencia, la venden sin problema alguno en Perú. ¿Será que ser conservador en Perú no es tan buen negocio?
Benedicto XVI fue claro: ningún farmacéutico está obligado a suministrar a su paciente medicamentos que se opongan a sus concepciones morales. Pero léase bien: farmacéuticos, no dueños de farmacias.
Si creemos que la píldora es atentatoria contra la vida, si creemos que es potencialmente inconstitucional e ilegal porque puede llegar a ser abortiva, vayamos a los tribunales y demos la pelea ahí. Pero no recurramos a medios excepcionales de resistencia civil, que permiten a la persona ponerse por sobre el imperativo de cumplir la ley en casos especialísimos y cuando no hay otro medio posible.
Por el contrario, si el Gobierno cree que es una política de salud pública necesaria que la píldora esté disponible en todas las farmacias, que no la incluya por medio de un decreto en un listado de remedios, evitando la deliberación democrática al respecto.
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12 comentarios:
Complejo tema, pero estoy de acuerdo. También creo que la píldora no debe distribuirse bajo ningún motivo, pero me parece escandaloso que se use un argumento así, siendo que muchas de estas farmacias venden este producto y otros similares en otros países. Si nos vamos a llenar la boca con diatribas en torno al derecho a la vida, al menos seamos consecuentes y actuemos en todo momento de la misma manera, y no bajo ese típico doble estandar de los conservadores de nuestra patria.
Cláramente es una estupidez. Ojalá pudiera yo esgrimir la objeción de conciencia para no tener que ir cada seis meses al cantón de reclutamiento del servicio militar, al igual que todos mis compañeros del año 1988, a certificar mis estudios y así no me mandén a hacer el servicio jaja; mi "conciencia" de pacifista no me lo permite!! voy a decir jaja. Que estupidéz más grande el argumento de la objeción de conciencia. Lo peor es que alguien con formación jurídica como Rioseco, y que además es nuestro presidente, lo sostenga firmemente en una carta al diario. Pero bhue, nosotros lo elegimos ¿no?
saludos, Crescente Molina. Estudiantes Democraticos UC
De acuerdo con la forma en que planteas el tema, a mi también me parece un mal argumento.
También me parece mal el actuar del gobierno en torno al incluirla en el formulario nacional.
Ambas acciones me parecen que intentan forzar de manera incorrecta las posturas que tienen al respecto, aunque sinceramente la de las farmacias, no la entiendo.
Saludos
Estimados Jorge, Carlos y Crescente: creo que el verdadero problema práctico de la píldora estriba, no tanto en el peso del argumento que se dé a favor de cada postura (lo cual es tremendamente importante, sin duda, pero que creo pasa a segundo plano en este caso, sino en quién está legitimado para tomar una decisión al respecto. ¿Son los dueños de las farmacias en uso de su derecho de propiedad? Pareciera que no. ¿Es el Poder Ejecutivo a través de un decreto que esquiva la deliberación pública al respecto? Tampoco parece razonable. ¿Qué sucede entonces? ¿Debe pronunciarse el Tribunal Constitucional? Es probable. Pero planteo la siguiente pregunta: ¿No está más legitimado para hacerlo nuestro Parlamento, más aún si consideramos que tiene - a diferencia del TC - legitimidad democrática? LLegamos entonces, creo yo, al problema central del constitucionalismo de hoy: ¿Hasta dónde llega el poder de las mayorías? Visto desde el ángulo contrario, ¿hasta dónde llega el poder del TC para pronunciarse sobre temas de interés público? Es un problema, como casi todos los problemas políticos del mundo contemporáneo, de justicia procedimental.
Yo creo que no sólo el TC es una institución profundamente antidemocrática, también todos los otros medios judiciales que existen para ejercer el control constitucional ( aun que creo que en ciertas condiciones se justifica, como lo plantea de cierta forma el dualismo ackermaniano y constitucionalismo de rawls que tendremos otras oportunidades para discutir, pero el control constitucional iusfundamentalista al más puro estilo del constitucionalismo ortodoxo no lo tolero ). A pesar de creer que el control judicial de la constitucionalidad del tribunal constitucional es ilegítimo, en términos puramente formales creo el decreto que llevó al problema de la píldora goza de una fea pillería del gobierno: Por lo que tengo entendido el decreto que ordenó la distribución de la píldora es una "resolución excenta"(es decir que no es controlada por contraloría), siendo que las materias que regula son propias de un reglamento. Aparte de lo truculento que fue por parte del gobierno ordenar la distribución de la píldora por medio de una resolución excenta siendo que es matería de reglamento, nuestro querido lesgislador negativo(como diría kelsen al TC) se ha exedido en sus facultades y ha sometido a control de constitucionlidad el decreto de la píldora siendo que no tiene como atribución alguna (art 93)para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las resoluciones excentas. Me preocupa el poder que ha adquirido el TC, y en nuestra facultad es alabado como si fuera la institución más respetable de nuestra política.
saludos
Crescente MOlina R.
Estudiantes Democráticos UC (estudiantesdemocraticos.blogspot.com
Estimado Crescente: de acuerdo contigo en que las atribuciones del TC en nuestro país se han sobredimensionado, transformándose en una especie de guardián del statu quo. En el fondo de este problema, creo que hay un choque entre dos posturas, no ya respecto al TC, sino que a la propia Constitución. Una postura que ve a la Constitución como un límite a las mayorías, y - por lo tanto - como una barrera a los cambios sociales, y otra postura que la ve simplemente como un marco que determina los márgenes formales y materiales dentro de los cuales se debe desarrollar la deliberación política, que puede por lo demás mutar y evolucionar según lo haga la sociedad civil.
En la segunda concepción, el TC, lejos de ser una especie de ente conservador y resistente al cambio, es un árbitro de la actividad política, que debe velar porque esta se ajuste a las normas constitucionales y que se respeten las garantías fundamentales (las cuales lejos de ser cláusulas pétreas, se ven como normas jurídicas y, por lo tanto, dotadas de una dimensión sociológica y dinámica).
Concuerdo, es un mal argumento la objecion de conciencia porque este es en esencia un derecho que se le reconoce a los individuos frente al poder del estado, no a sociedades anonimas ni a empresas frente a consumidores.
En lo personal el rubro de las farmacias me parece destestable en este pais. 2 Marcas a modo de oligopolio se reparten practicamente toda la torta, manteniendo precios altisimos. Acuerdense cuando llego DR.SIMI a Chile, esa cadena mexicana. A los pocos dias ya habian publicaciones pagadas en el mercurio donde las distintas farmacias daban cuenta de como recibe el empresario chileno la competencia extranjera.
En fin, como ultimo comentario, creo que todo este tema de la pildora si bien importante, no es mas que la antesala del tema superior en complejidad que es el derecho reproductivo de las mujeres en chile.
Habiendo prohibido el año 89 si no me equivoco con la ley merino el aborto terapeutico, no existe ninguna hipotesis hoy en dia de aborto que no sea un delito.
La hipocrecia es grande. Saben cuantas mujeres estan presas por abortar en chile desde que se inicio la reforma procesal penal? Adivinen. CERO. Pero saben cuantas mujeres mueren por realizarse abortos en clinicas truchas con condiciones infrahumanas de sanidad? miles.
Da para pensar. Saludos pelon.
Gonzalo.
Gonzalo: estoy plenamente de acuerdo contigo en que la discusión que se debiera estar teniendo, o la que se va a tener próximamente, es acerca de si queremos o no despenalizar - y en qué casos - el aborto terapéutico.
En todo caso, me parece que la falta de aplicación de una norma no implica per se que se deba derogar esa norma.
En el aborto, el tema de la imputabilidad es complejo, y en mi opinión no debiera castigarse como autor del delito a la mujer que aborta, sino a quien practica el aborto principalmente.
Respecto al hecho de que miles de mujeres mueren al año por abortos mal practicados en clínicas clandestinas, creo que el penalizar a una conducta no quita -en este caso, creo que incluso impone - el deber del Estado de prevenir los abortos y de evitar su causa: los embarazos no deseados. Ahí entran, entonces, desde los programas públicos de entrega de antionceptivos y de educación sexual (lástima que los mismos grupos pro-vida que hoy gritan ante la píldora, sean los que se han opuesto desde siempre a planes efectivos de educación sexual en los colegios), hasta una crítica y una reacción a la "hipererotización" que implica el modelo de sociedad de consumo que tanto aplaude el supuesto conservadurismo de nuestro país.
Tu referencia a la Hipererotizacion (que no es mas que una de las dimensiones de la sexualidad, aunque hoy en dia parece que es la unica) y a los grupos conservadores me hace acordarme de ricardo claro y de mega. Que hipocrecia eso de hacer una campaña activa encontra de los metodos anticonceptivos, y 5 min mas tarde, mostrar a las niñitas de mekano a las 5pm bailando en bikini en ¿julio?. Sin comentarios.
Ahora, creo que del hecho que una norma no se aplique, claramente no se deriva su necesidad de derogarla.
A mi en lo personal esos datos me hicieron pensar.
Creo que en principio cuando los temas son muy complicados y no hay una ultima palabra, nadie es quien para obligar a otro a tomar una posicion. Creo tambien que el derecho penal debe ser la ultima ratio, la maquinaria estatal con todo su poder debe ser reservado para otro tipo de problemas.
O acaso para alguien es novedad que las personas que mas necesitan instruccion sobre sexualidad y metodos anticonceptivos son la gente de menores recursos? justamente la gente que lo unico que hace es ver mekano en mega.
Creo que tanto el aborto como el divorcio son instituciones que nadie busca en la vida. Pero creo tambien que un estado que se dice democratico y que respeta las desiciones de los distintos agentes debe dar mas ambitos de libertad en estas materias, no solo en las economicas. Esta bien que se termine con la sobreregulacion sobre el mercado, pero creo tambien que se deberia terminar la sobreregulacion sobre nuestros cuerpos, y nuestras vidas.
Estimado Gonzalo: creo que tu argumento de terminar con la sobregulación de nuestros cuerpos es interesante. Esto porque plantea la duda de si es o no el feto - de alguna manera - parte del cuerpo de la madre, o bien si por estar unido a la madre eso implica la facultad de la madre de abortar.
Me parece que en el tema del aborto se produce un choque entre la autonomía de la madre y la interrupción del ciclo de vida normal del feto. Claro que aquí aparecen nuevas dudas: ¿Es el feto una persona? En nuestro derecho, al parecer no. Pero sí es digno de protección en su propio interés, por el hecho de que, dejnormal es que llegase a ser persona para nuestro ordenamiento jurídico. En esa potencialidad estriba, en mi opinión, el fundamento de la prohibición del aborto. Saludos.
Felicitaciones por tu blog y por la discusion que se ha desarrollado en el. Veo una argumentacion mucho mas sofisticada sobre este tema que la que veo en la pagina del CADe (ninos fusilados, que clase de discusion es esa?).
Saludos desde New Haven, donde Ackerman sigue hablando de dualismo (que por cierto, no es aplicable en ningun caso a la Constitucion de 1980, de acuerdo a sus estandares lo unico que merece proteccion constitucional en Chile es el programa de la Concertacion, que ha ganado reiteradamente elecciones desde 1988).
Gracias Fernando por los comentarios. Aprovecho la oportunidad para señalar mi argumento, que corté sin querer en el comentario anterior. Decía yo que el feto es protegido en su propio interés porque, dejando invariables las circunstancias, lo natural es que el feto nazca y por lo tanto, pase a ser persona para nuestro ordenamiento jurídico. Saludos.
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